Conflicto institucional y cultural alrededor de la pesca

CHOCÓ

Atrato (Yuto)

Pobreza, Contaminación ambiental, Desplazamiento, Surgimiento de enfermedades de salud, Contaminación por mercurio, Conflicto armado, Deserción escolar, Marginación, Aislamiento institucional, Insatisfacción de necesidades básicas, Prostitución, Violencia, Contaminación de fuentes hídricas, Contaminación de la atmósfera, Pérdida de creencias y tradiciones ancestrales, Separación de núcleos familiares, Marasmo institucional, Afectación del tejido social, (Sentencia T-622 de 2016)

Seguridad alimentaria, Vida, Salud, Agua, Medio ambiente sano, Cultura, Territorio

Extracción minera y forestal legal/ ilegal, (Sentencia T-622 de 2016)

Explotación forestal ilegal y uso intensivo a gran escala de diversos métodos de extracción minera que incluyen maquinaria pesada -dragas y retroexcavadoras- y sustancias altamente tóxicas -como el mercurio- en el río Atrato (Chocó), sus cuencas, ciénagas, humedales y afluentes. Los aprovechamientos mineros ilegales que se realizan en el río Atrato, sus afluentes y territorios contiguos. En el 2013, según datos de Codechocó se estimaron 200 entables mineros y aproximadamente 54 dragas en operación, se caracterizan por la extracción de metales preciosos, en especial oro y platino, para lo que se emplean distintas modalidades de explotación con maquinaria pesada. La Defensoría del Pueblo en septiembre de 2014 declaró emergencia humanitaria y ambiental en Chocó (Sentencia T-622 de 2016).

Comunidades negras, Indígenas y campesinas en la cuenca del río atrato en chocó (sentencia t-622 de 2016).

Se tutelen los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas accionantes. Se emitan órdenes y medidas que permitan articular soluciones estructurales ante la grave crisis en materia de salud, socio-ambiental, ecológica y humanitaria que se vive en la cuenca del río Atrato, sus afluentes y territorios aledaños (Sentencia T-622 de 2016).

Derecho al ambiente sano, A la vida y a la salud, A la seguridad alimentaria, Derecho al agua, Derecho a la cultura y al territorio de las comunidades

La explotación minera y forestal en el Río Atrato, sus cuencas, humedales y afluentes con maquinaria pesada y sustancias tóxicas desencadenaron emergencia humanitaria y ambiental en el Chocó, la cual fue declarada en septiembre del 2014. Por lo cual distintas asociaciones y consejos comunitarios del Chocó, presentaron el 27 de enero del 2015 acción de tutela solicitando el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas accionantes; también se solicitó que se tomen medidas para superar la crisis de salud, socio-ambiental, ecológica y humanitaria que se vive en la cuenca del río Atrato y territorios aledaños. El 11 de febrero del 2015 se emitió sentencia de primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declarando que era improcedente la acción. El 21 de abril del 2015 el Consejo de Estado emitió sentencia confirmando el fallo impugnado. El 10 de noviembre del 2016 se emitió sentencia por la Corte Constitucional otorgando el amparo de los derechos a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio, además de revocar los fallos de primera y segunda instancia. Se declaró la existencia de una grave vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato y sus afluentes, siendo la vulneración imputable a las entidades accionadas por no proveer una respuesta institucional idónea a los problemas históricos de la región que se han visto agravados por las actividades de minería ilegal. Se reconoció al Río Atrato y sus afluentes como entidad sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración. Además, el Gobierno Nacional deberá ejercer la tutoría y representación legal de los derechos del río en conjunto con las comunidades étnicas.

Comunidades negras, Indígenas y campesinas en la cuenca del río atrato en chocó

Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, Presidencia de la república, Ministerio de interior, Ministerio de minas y energía, Ministerio de defensa nacional, Ministerio de salud y protección social, Ministerio de agricultura, Departamento para la prosperidad social, Departamento nacional de planeación, Agencia nacional de minería, Agencia nacional de licencias ambientales, Instituto nacional de salud, Departamento de chocó, Departamento de antioquia, Corporación autónoma regional para el desarrollo sostenible del chocó, Corporación para el desarrollo sostenible del urabá, Policía nacional – unidad contra la minería ilegal, Municipios de acandí, Bojayá, Lloró, Medio atrato, Río sucio, Quibdó, Río quito, Unguía, Carmen del darién, Bagadó, Carmen de atrato, Murindó, Vigía del fuerte y turbo, (Sentencia T-622 de 2016)

Derecho a la vida, A la salud, Al agua, A la seguridad alimentaria, Al medio ambiente sano, A la cultura y al territorio, (Sentencia T-622 de 2016)

Se revocó el fallo de segunda instancia y en su lugar se concedió el amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio; Se declaró la existencia de una grave vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato y sus afluentes, imputable a las entidades del Estado colombiano accionadas por no proveer una respuesta institucional idónea a los problemas historicos de la región que se han visto agravados por las actividades de minería ilegal (Sentencia T-622 de 2016).

En 2014 se declaró emergencia ambiental en la cuenca del rio Atrato debido a la presencia de mercurio vertido por la minería de oro quedando (OECD, 2017). Quedando evidenciado la negligencia del Estado por esta situación. Esta degradación ecológica afecto a todas las redes tróficas incluyendo a los peces de dicha cuenca (Silva, 2014). Afectando directamente a las comunidades indígenas, negras y campesinas, quienes han ejercido la pesca artesanal. Asimismo, se han visto afectadas directamente porque el recurso pesquero ha escaseado significativamente (Resolución defensorial, 2014).