Conflicto institucional y cultural alrededor de la pesca

NARIÑO

Tumaco

Incumplimiento de veda, (Sentencia T-267 de 1996)

Trabajo

Veda de pesca de camarones de aguas someras en el litoral pacífico colombiano, (Sentencia T-267 de 1996)

Mediante Resolución 00523 del 1 de diciembre de 1994, el Ministerio del Medio Ambiente estableció una veda para la pesca de camarones de aguas someras en el Litoral Pacífico colombiano entre el 30 de abril y el 15 de junio de cada año. Durante el período y en el área de la veda, el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura prohibió la posesión, el proceso, la comercialización y el transporte de todas las especies de camarones. El 15 de abril de 1995, se observó un proceso de pesca de camarón de bahía frente al muelle de la Aduana, al verificar el hecho se tuvo conocimiento de que la pesca era realizada por el buque pesquero llamado Bonny, de propiedad de la señora Bertha López de Reynel, quien cuenta con un permiso de pesca comercial industrial. El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA) Regional Tumaco, impuso a la la señora López una sanción pecuniaria equivalente a mil salarios mínimos diarios, es decir, tres millones novecientos sesenta y cuatro mil M/cte pesos ($3.964.000) (Sentencia T-267 de 1996).

Indisponible (sentencia t-267 de 1996).

Solicitó levantar la medida de negación de zarpe de la embarcación; ordenar la restitución de la patente de pesca a su nombre; y además, que se otorgara el pago de indemnización por los perjuicios morales y materiales que fueron ocasionados con la actuación administrativa (Sentencia T-267 de 1996).

Derecho al trabajo, (Sentencia T-267 de 1996)

Mediante Resolución 00523 del 1 de diciembre de 1994, el Ministerio del Medio Ambiente estableció una veda para la pesca de camarones de aguas someras en el Litoral Pacífico colombiano entre el 30 de abril y el 15 de junio de cada año. El 15 de abril de 1995, se observó un proceso de pesca de camarón de bahía frente al muelle de la Aduana, al verificar el hecho se tuvo conocimiento de que la pesca era realizada por el buque pesquero llamado Bonny, de propiedad de la señora Bertha López de Reynel, quien cuenta con un permiso de pesca comercial industrial. El Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (INPA) Regional Tumaco, impuso a la la señora López una sanción pecuniaria equivalente a mil salarios mínimos diarios es decir, tres millones novecientos sesenta y cuatro mil M/cte pesos ($3.964.000). La Sra. Bertha Lopez de Reynel presentó acción de tutela solicitando la protección del derecho al trabajo; solicitó levantar la medida de negación de zarpe de la embarcación; que se ordenara la restitución de la patente de pesca a su nombre; y además, que se otorgara el pago de indemnización por los perjuicios morales y materiales que fueron ocasionados con la actuación administrativa. El 15 de febrero de 1996 se emitió sentencia de primera instancia por el Juzgado Laboral del Circuito de Tumaco. El 18 de junio de 1996 se emitió sentencia por la Corte Constitucional en la cual niega el amparo invocado. La Corte negó la protección solicitada por considerar que existían otros medios judiciales y que no se configuró un perjuicio irremediable. Además, determinó que el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura actuó conforme al ordenamiento jurídico al imponer las sanciones pecuniarias.

No aplica

No aplica

La Corte Constitucional negó la protección solicitada por considerar que existían otros medios judiciales y que no se configuró un perjuicio irremediable. Además, determinó que el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura actuó conforme al ordenamiento jurídico al imponer las sanciones pecuniarias (Sentencia T-267 de 1996).

En 1994, el Ministerio del Medio Ambiente estableció una veda para la pesca de camarones de aguas someras en el Litoral Pacífico colombiano entre el 30 de abril y el 15 de junio de cada año. La señora Bertha López de Reynel dueña de una embarcación de carácter de pesca industrial declara que le fue vulnerado su derecho al trabajo ya que fue amonestada con una sanción pecuniaria equivalente a $3.964.000 por violar dicha veda (Sentencia T-267 de 1996).